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Aifos intenta evitar la quiebra mediante acuerdos con los acreedores

Aifos se encuentra actualmente con una deuda de 900 millones de euros, y su actividad inmobiliaria es prácticamente nula en comparación con las tres mil viviendas que construía al año antes del comienzo de la crisis. Además, los bancos no le conceden nuevos créditos, tiene varios procesos judiciales, un enfrentamiento con los administradores concursales y su dueño ha sido condenado a tres años de cárcel por el “caso Malaya”, aunque esta sentencia aún no es firme.

Pese a todos estos frentes abiertos, los responsables de Aifos, que llegó a convertirse en la primera promotora de Málaga, están convencidos de que la empresa está capacitada para salir del concurso en el que lleva inmersa desde Julio de 2009.

Sin embargo, para conseguir este reto la empresa debe alcanzar un acuerdo con los 5.300 acreedores con los que contrae deuda. Necesita la adhesión de los titulares del 50% del capital considerado como crédito ordinario, que suma 254 millones del total de la deuda y entre los que figuran 5.234 afectados entre empresas proveedoras, bancos, clientes particulares, Agencia Tributaria y ayuntamientos, que le reclaman el pago del IBI y otros impuestos. El resto del débito pertenece mayoritariamente a préstamos hipotecarios con entidades financieras, que alcanza los 540 millones.

Respecto a las familias que adquirieron viviendas que nunca les fueron entregadas, la propuesta de Aifos sería devolverles todo su dinero dentro de una década, en seis pagos anuales. A las empresas que adquirieron viviendas les garantizan recuperar el 45%, cantidad que empezarían a percibir dentro de 10 años. La promotora asegura tener activos por valor de 187 millones, lo que les lleva a garantizar que “hay dinero para pagar”. El resto se conseguiría a medida que se fueran terminando y vendiendo las promociones de viviendas.

Fuentes de la compañía afirman que, de los 1.975 clientes y empresarios con los que se ha podido contactado, tienen ya el apoyo de 1.419 (231 ya han firmado, 973 han comunicado que lo harán y otros 215 han dicho que sí, pero con condiciones). En total, suman 69,8 millones, el 27,4% del capital. Además, tiene un principio de acuerdo con la Hacienda Pública, aunque el Estado se suele abstener en la votación.

Fuente: Dario Sur