La defensa del que fuera director financiero de la empresa AIFOS, José Andrés García Rull, aseguró ayer que su cliente era "un simple empleado" en una empresa que tenía "un núcleo duro" formado por Jesús Ruíz Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón, también procesados en el caso "Malaya", quienes según recordó de lo que se desprende del sumario, tomaron la decisión de hacer supuestos pagos al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga cantinuó ayer con la vista sobre los recursos presentados por 62 imputados contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2.007 por el anterior instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, contra 86 personas, después de que el actual juez encargado del caso, Óscar Pérez, desestimara los recursos de reforma.

Así, el letrado José Soldado expuso que Aifos utilizaba una empresa denominada Gertan para "pagos pendientes de justificar" y aseguró que "el contable poco tenía que decir en todo eso", aludiendo a que en las propias declaraciones contenidas en el auto recurrido, Briales dice que la decisión de pagar se tomó "entre el presidente, Kiko -García Lebrón-, el declarante y nadie más en la empresa".

El abogado dijo que todos declararon que fue García Lebrón el que negoció con Roca y señaló que en los documentos se puso "pagos al Ayuntamiento de Marbella", por lo que el personal de la empresa "lo que sabe es que son pagos en el contexto de unos convenios que se estaban negociando, que hay que presumir lícitos porque los actos administrativos de los ayuntamientos se presumen lícitos".

No hacer pagos desde Aifos

Además, añadió que, según recoge la misma resolución apelada, Ruiz Casado decidió no hacer los pagos desde Aifos "porque estaba en auditoría" y firmaba una serie  de cheques "que cobraban empleados de la compañía y el dinero se lo daban a Kiko -García Lebrón- que era el que se lo entregaba a personas enviadas por Juan Antonio Roca", por lo que "el señor León nada sabe".

En su exposición, la defensa de estos tres directivos de Aifos consideró que el auto "lesiona" el derecho a la tutela judicial efectiva y criticó que en el recurso de reforma no se da respuesta a determinadas cuestiones planteadas por las defensas en sus escritos, por lo que consideró que existe vicio de nulidad.

Por su parte, Joaquín Martínez Vilanova, aseguró que "no había voluntad de pago" en la empresa; de hecho indicó que su cliente "jamás pagó", a pesar de que las peticiones de dinero fueron "continuas" para obtener la concesión del servicio de autobuses.

Así, precisó que hubo "amenazas y presiones" durante algún tiempo por parte de Roca y del entonces edil Victoriano Rodríguez, mientras que los responsables de la sociedad no podían más que "resistirse a pagar y dar largas", para lo que cambiaban de cantidades y lugares para ganar tiempo.

Oráculo de Delfos

A lo largo de la jornada,  expusieron los recursos otros seis empresarios, como Rafael Gómez (conocido como Sandokán) cuyo letrado, Antonio Urdiales, que se refirió al informe policial como "Oráculo de Delfos", argumentó que su patrocinado sería en todo caso víctima de una estafa y no beneficiario de un delito y criticó el tiempo transcurrido.

"Hay un barco que va de Port Marbella a Port Audiencia y no puede durar más de cuatro años porque puede haber problemas, pero el barco ha zozobrado y puede enrocar", ironizó el abogado, quien denunció, como otros letrados, tanto el desarrollo de la instrucción como la interpretación dada a las iniciales encontradas en los archivos Maras.

En este sentido, la defensa del constructor Cristóbal Peñarroya calificó la instrucción de "matriz jurídico porque todo es una pura invención". Respecto a su cliente, el letrado Luis Llamas apuntó que le procesan por haber dado dinero para una licencia que fue concedida dos años antes y señaló que ha habido un error en la conexión de las iniciales con los nombres.

Fuente: Marbella Express.

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